La ministra de Defensa Nilda Garré denunció a la Justicia por asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho, tráfico de influencias y falsedad ideológica a más de ochenta civiles y militares y ordenó al general Roberto Bendini el pase a disponibilidad de los militares imputados que siguen en actividad. Entre los presuntos responsables hay cuatro generales, muy próximos al jefe de Estado Mayor del Ejército, dos de ellos en actividad y en altos cargos. La denuncia se extiende “a quien o quienes surjan como penalmente responsables con el devenir de la investigación y del proceso”. Las auditorías prosiguen en otras dependencias del Ejército en las que se sospecha la utilización de los mismos métodos fraudulentos.
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